El Juzgado Agroambiental de Viacha promueve la conciliación para solucionar conflictos en materia agraria

En el municipio de Viacha, capital industrial de la provincia Ingavi en el departamento de La Paz, se encuentra uno de los 63 juzgados Agroambientales establecidos en el país que tiene la función de dirimir los conflictos que existen con las propiedades agrarias.

El Juez Agroambiental, Edwin Díaz Callejas, indicó que el juzgado opta por mediar los conflictos por la vía de la conciliación.    

“Nosotros lo que venimos a desarrollar son los conflictos de sobre posesión, conflictos de mejor derecho de propiedad , de uso y aprovechamiento de aguas y algún aprovechamiento de un recurso natural. Tratamos de hacerlo en dos vías; la conciliación, es la que más ha estado rindiendo frutos, donde las partes se apersonan al juzgado y solicitan una audiencia de conciliación, esto significa que generalmente no hay abogado y que el acuerdo que se vaya a lograr son por voluntad de las partes sin llegar a un proceso como tal, en una conciliación no hay perdedor ni ganador, tratamos de siempre mediar para la solución del conflicto. La otra vía, que es la vía formal, es con un proceso, un juicio, una demanda donde una de las partes va a interponer esa acción y nosotros la vamos a sustanciar, nosotros tenemos el proceso oral agrario”, señaló.

Díaz indicó que ésta instancia no es parte del El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), saneamiento de tierras. “No somos parte del INRA la actividad que desarrollamos es jurisdiccional nosotros dirimimos los conflictos existentes sobre el derecho de propiedad agraria”.

«La tierra es de quien la trabaja«

El juez Agroambiental diferenció el trabajo en materia agraria y civil mostrando las diferencias que conlleva cada uno.

En materia civil, nosotros podemos abandonar nuestra propiedad y cuando volvemos en cierto tiempo, tenemos todo el derecho de volver a la misma salvo que opere la usucapión, que es la que es la prescripción adquisitiva en 10 años.  En materia agraria rige un principio, la tierra es de quien la trabaja, además de que tiene que cumplir una función social, una función socio económica en algunos casos, bajo esa premisa, uno no puede darse el lujo de abandonar la propiedad agraria, eso genera conflictos. Puede tener ese derecho propietario con registro en derechos reales pero eso no otorga todo el derecho propietario por el principio de que la tierra es de quien la trabaja. Ese principio lo tenemos nosotros desde 1938, es el slogan que se maneja en materia agraria”, apuntó.

Por su parte, Mirta Mejía Pinto, delegada departamental del Tribunal Agroambiental La Paz, detalló su labor en los nueve asientos judiciales del departamento.

“Como delegación de La Paz, nosotros estamos en la supervisión para ver el correcto funcionamiento de todos los juzgados agroambientales, mismos que están ubicados en los nueve asientos judiciales de La Paz, tenemos en Apolo, Ixiamas, Inquisivi, Sica Sica, Viacha, Pucarani, Caranavi y La Paz capital, ahí tenemos presencia de los juzgados agroambientales, todos tienen buen funcionamiento, se ha podido colaborar a mucha población.  No llegamos a casos individuales, pero sí se llega a atender casos, por ejemplo, entre comunidades”, resaltó.

Consultada por el trabajo con organizaciones sociales, destacó la labor en coordinación con las mismas. “Los jueces trabajan en coordinación y cooperación de las organizaciones sociales, por ejemplo el doctor (Díaz) trabaja con la Jacha Marka, como tienen diferentes problemas en sus comunidades no llegan a solucionar sus conflictos como tal, entonces llegan a derivarlo a las diferentes instancias”.

El juzgado se encuentra en plena plaza principal de Viacha, que es donde comienza y finaliza el trámite requerido sin la necesidad de acudir a la sede de Gobierno.

«En los juzgados hacemos difusión de lo que son nuestras competencias, tratamos  de conducir que hay dos vías, una que es la vía amigable, la conciliación, y la otra que es la vía legal. Basta que tenga nombre y apellido y de manera verbal, se elabora una admisión de denuncia, y se hace una certificación a la otra parte. Es mejor una conciliación a un buen juicio, además que se ahorra en tema económico», concluyó el titular de esta cartera.

Paola Choque T.